El arte de restar

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A propósito del decreto del gobierno Colombiano sobre atención a las víctimas de Trata de Personas.

El arte de restar derechos

 Oscar Gómez Díez

Director General Fundacion ESPERANZA

Por fin despues de varios años de estarlo anunciando el gobierno colombiano expidió el Decreto 1069 de 2014, por el cual se reglamenta la Atencion a víctimas  de Trata de Personas en Colombia[1]. Este Decreto es expedido 9 años después de sentenciada la ley, y fue anunciada por el gobierno nacional desde el año 2008, luego de estudiarlo con atención, se llega a la conclusión que dicho decreto se ha constituido en la mayor frustración de la política pública colombiana en materia de trata de personas, en un enorme retroceso en materia de derechos humanos, donde el Estado asume un rol activo en la vulneracion de los DD HH de las victimas, al revictimizarlas y vulnerarles sus derechos fundamentales en contravía de los tratados internacionales sobre Derechos Humanos que obligan al Estado colombiano. Veamos porqué:

 

Para formular el decreto de atención a víctimas el gobierno tenía dos opciones contempladas en la ley 985 del 2005, ambas son excluyentes, por lo que se requería una decisión política.

La primera opción se fundamenta en un enfoque de derechos humanos donde la víctima es el centro de la política pública; la segunda opción, se basa en un enfoque de seguridad y política criminal distorsionada, que establece una relación utilitarista  con la víctima, y que pone como foco la judicialización de los victimarios por encima de la integridad de la víctima

Veamos en detalle estas dos opciones:

La primera opción:

La primera opción, está  manifestada en el espíritu de la ley 985 del año 2005, que  plantea asumir la lucha contra la trata de personas de una forma integral con un enfoque de derechos humanos; que define una serie de iniciativas que hasta el momento no se han desarrollado plenamente, de la cual  el programa de atención a víctimas era su eje fundamental, que  se reforzaba con una estrategia nacional que incluía acciones  de prevención y sensibilización, capacitación de funcionarios y operadores sociales, y de un sistema nacional de información que permita conocer el fenómeno de la trata, identificarlo, contar con estadísticas  sólidas y que debería incluir un sistema georeferenciado  del fenómeno en el país, que oriente la política pública, apalancada por un fortalecimiento institucional y con un presupuesto apropiado en la apuesta por erradicar la trata de personas en Colombia.

Consecuente con ello la ley 985 modificó el tipo penal de trata, con dos elementos muy positivos desde el punto de vista de los derechos humanos, ellos son: que el traficante no puede argumentar en su defensa el consentimiento de la víctima, y el otro, es la supresión de los medios en la definición del tipo penal ( la amenaza, la coacción, la violencia, el abuso de autoridad o el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad) de tal manera que la víctima no tiene que demostrar que fue engañada o coaccionada para que se perfeccione el delito, sólo basta que la investigación criminal demuestre que fue trasladada y explotada para que se configuré el delito.

 En otras palabras al suprimir los medios en el tipo penal colombiano, lo que se hizo fue no poner toda la carga de la prueba en la víctima,  de esta manera,    cuando los organismos de investigación judicial encuentran que hubo captación con el fin de explotar a una persona es suficiente para que se configure el delito, en estas condiciones la denuncia del delito por parte de la víctima  no es una condición ineludible,  lo que es un avance desde la perspectiva de los derechos humanos de las víctimas de trata.

Desde un punto de vista más práctico, el testimonio o denuncia de la víctima no es imprescindible para la investigación y sanción del delito de trata de personas, pues no es un delito querellable, sino un delito que se debe abordar de oficio. Este  enfoque de derechos humanos y los avances en el tipo penal, era la mejor opción para  formular el decreto de atención a víctimas de trata de personas. Esta opción es la recomendada por la Corte Constitucional en una sentencia del año 2012 en la que afirma: La Sala reitera que la categoría de víctima de fenómenos como la trata de personas, no puede supeditase a la existencia de un proceso penal, y que la perspectiva penal no puede ser la única ni la más importante para abordar el problema. Más que un asunto de política criminal, la trata de personas es un problema de violación de derechos humanos y desde esa perspectiva deben protegerse los derechos de las víctimas”.[2] Sentencia que infortunadamente el gobierno decide desconocer, como veremos más adelante.

La segunda opción:

La segunda opción, está basada en un “mico”[3] que le introdujeron a la ley 985 del 2005, que rompió la coherencia de la ley, consistente en condicionar la asistencia de mediano plazo, a que la víctima denuncié penalmente el delito a la que fue sometida[4]. Esta fue la opción que escogió el gobierno colombiano, y con ello cometió un grave error, pues excluye a la mayoría de las víctimas de los servicios de atención y asistencia, vulnera sus derechos humanos a la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición.   Y va en contravía de los principios, directrices y recomendaciones sobre derechos humanos y trata de personas de Naciones Unidas, que el mismo decreto invoca al principio del texto[5], en particular el decreto es contrario al principio N°8 que textualmente dice:                                                                 “…La protección y la asistencia no estarán subordinadas a que las víctimas de la trata de personas puedan o quieran cooperar en un procedimiento judicial”[6].

Aquí estamos ante la paradoja de vulnerar derechos humanos, presentándolos  como acordes a los principios universales aprobados por Naciones Unidas, o de otros instrumentos internacionales que podrían servir de referencia, como el Convenio del Consejo de Europa contra la trata de personas, cuyo artículo 12, numeral 6, sobre asistencia a víctimas, dice: Las Partes adoptarán  las medidas  legislativas  o de otro tipo necesarias  para garantizar que la asistencia a una víctima no quede subordinada a su voluntad de actuar como testigo”[7].

Esto solo refleja los absurdos de un enfoque de política criminal sin sensibilidad humana, que tiene como resultado la negación de derechos de las víctimas, un retroceso en materia de Derechos  Humanos   y una revictimizacion por parte del Estado.

Al escoger esta opción el gobierno colombiano se aleja de las víctimas  mucho más de lo que estaba desde hace muchos años,  (antes no hacía mucho por ellas, ahora lo hace todo en contra de la mayoría de ellas) y ocasiona la peor fractura en la política pública sobre  trata de personas, peor que la descalificación que hizo el Departamento de Estado de los Estados Unidos en el año 2014, que bajó al país a la categoría  de nivel 2 y se arriesga con esta medida a que el próximo año se obtenga la peor calificación de todas: el nivel 3, la de países que no cumplen con los estándares mínimos de lucha contra la trata de personas y que no hacen esfuerzos por mejorar, sino por empeorar la política pública[8].

Todos sabemos que la mayoría de las víctimas en Colombia no denuncian, ya sea porque no confían en las autoridades policiales o judiciales, ya sea porque temen una retaliación de los traficantes, ya sea porque la experiencia que vivieron fue muy traumática y no la quieren revivir con una denuncia, o no se reconocen como víctimas de un delito ni tienen noción de sus derechos, o simplemente quieren retornar lo más pronto posible con su familia y “olvidar” lo sucedido. Cualquiera de esos argumentos es legítimo y respetable, como también es legítima y respetable la decisión de aquellas víctimas que deciden denunciar el delito.

Esta situación no puede ser negadora de derechos, pues como lo afirma la Corte Constitucional, “…no puede declararse improcedente la tutela bajo el argumento de que Amalia dejó caducar y prescribir los mecanismos judiciales que tenía a su alcance, pues tal argumento desconoce la complejidad de los fenómenos de trata de personas y sometimiento a trabajo forzoso, en particular la dificultad que tienen las víctimas para auto reconocerse como tales y superar su miedo frente a los perpetradores para denunciar”[9] (subrayado nuestro)

 

En un país donde no existen estadísticas serias sobre Trata de Personas, pues el gobierno se ha negado a cumplir el mandato de la ley 985 del año 2005, de poner en marcha un Sistema Nacional de Información sobre trata de personas, que debería incluir un sistema de estadística georeferenciado serio y objetivo que oriente la política pública en las acciones a desplegar, en consonancia con la evolución del delito y sus particularidades. En un país sin estadísticas serias, las cifras que se afirmen siempre serán especulativas.

Siendo consciente de que ingresamos al terreno de la especulación estadística, podemos afirmar por la percepción de 19 años de experiencia directa con las víctimas, que siendo optimistas menos del 10% de las víctimas denuncia el delito,  pero incluso siendo más optimistas, pensemos que el 20 % de las víctimas en Colombia denuncie el delito. En estas circunstancias, tendríamos la impresionante cifra de un 80% de las víctimas que el gobierno colombiano excluye de los servicios de asistencia a mediano plazo, lo que es una negación masiva de derechos, lo que de por sí es escandaloso e indignante, pues desde el punto de vista de los Derechos Humanos a una sola víctima que se le niegue asistencia es considerada una vulneracion a sus derechos fundamentales. Estamos ante una masiva  revictimización por parte del Estado, y una vulneración de derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de Colombia, un desconocimiento del acervo jurídico y de la  jurisprudencia nacional sobre tratamiento a víctimas que Colombia ha desarrollado en los últimos años[10], amén del desconocimiento de los compromisos internacionales que el país ha adquirido en materia de derechos humanos. 

Algunos podrían afirmar que se atenderá al 100% de las víctimas durante el periodo de la atención inmediata, una lectura más detallada del decreto nos muestra que esto no es cierto, veámoslo:

El decreto establece que la atención inmediata será por un periodo de 5 días, tiempo extremadamente corto para estabilizar a la víctima.  Es ingenuo e irresponsable pensar que al sexto día, una persona que ha sido sometida a formas contemporáneas de  esclavitud estará lista para iniciar un proceso de atención mediata, como es la formación para el empleo, o la construcción de un nuevo proyecto de vida. La asistencia inmediata no se puede fijar en un tiempo tan extremadamente corto, este proceso lo debe determinar las necesidades básicas de la víctima en la situación específica que se encuentre. Fijar 5 días, es casi que decir que no se le va a prestar ninguna ayuda. En 5 días no se logra estabilizar una víctima, máxime si se tiene en cuenta que en algunos casos hay que traerla fuera del país, o trasladarla a otra ciudad dentro de Colombia, y con lo lento que son los trámites oficiales, quizás a los 5 días apenas le estén dando una primera respuesta a la víctima.

Si la víctima se encuentra en el extranjero, suponemos que el primer día comienza a contar a partir del momento que la victima hace contacto con el Consulado de Colombia. Suponiendo que el Cónsul es muy diligente,  y envía el mismo día su reporte al Ministerio de Relaciones Exteriores en Bogotá, y si suponemos que el Ministerio de Relaciones también le da prioridad al caso, estará oficiando al segundo día al Ministerio del Interior, quien es el órgano de rector en la lucha contra la trata de personas, continuando con la hipótesis de la eficiencia de las entidades públicas, el Ministerio del Interior le oficia a la OIM quien administra los fondos del gobierno para repatriación de colombianos en el extranjero, al cuarto día la OIM estará gestionado la compra del tiquete de retorno, que si cuenta con mucha suerte y hay cupo para el día siguiente día, o sea el quinto  y último día de la asistencia inmediata. En este caso la víctima llega a Colombia, habiendo agotado los 5 días de la asistencia inmediata.  Si la victima decide no denunciar, las autoridades colombianas casi que apenas les alcanza el tiempo para decirle  a la víctima “hola!! y hasta luego!” pues la relación se acabó por la no denuncia de la víctima.

En el caso de las victimas provenientes del extranjero, se ha dado en los últimos años una práctica vulneradora de derechos, consistente en retenerlas en el aeropuerto de Bogotá y no permitirles salir (para verse con sus familiares o continuar su trayecto hasta su ciudad de origen),   hasta tanto  no haga la denuncia de su caso, no importando si las víctimas llegan con problema físicos o emocionales, si está muy cansada después de un viaje de más de 20 horas, (si viene desde el continente Asiático), o más de 10 horas (si viene desde Europa), aquí la prioridad no es la víctima y su condición en ese momento, sino obtener la denuncia  a toda costa.

Los que hemos tenido contacto con las víctimas sabemos que el periodo de atención inmediata es mucho más largo, y nos preguntamos si reducir la atención inmediata a 5 días es una mezquindad o un desconocimiento de la realidad y las necesidades de las víctimas de trata de personas. Pero leyendo todo el decreto se evidencia que no sólo es mezquindad e ignorancia sobre las víctimas, sino que esencialmente es el resultado de una visión utilitarista y despectiva de las víctimas, y parte de toda una estrategia negadora de derechos implícita en toda la concepción del decreto, pues como la atención inmediata no se puede condicionar[11], se la redujo  a la más mínima expresión en el tiempo, para obligar a la víctima a denunciar  y así poder hacerse a los “beneficios” de la atención de mediano plazo.

No existe mucha legislación internacional sobre los tiempos de atención a víctimas de trata de personas,  en particular la diferenciación de tiempos  entre atención inmediata y la mediata, pero podemos mencionar el Convenio del Consejo de Europa, que habla de un periodo de restablecimiento y reflexión de 30 días. “….cuando existan motivos razonables para creer que una persona determinada es una víctima. Este plazo deberá  ser suficiente  para que la persona  en cuestión  pueda  restablecerse  y escapar a la influencia de los traficantes y/o pueda tomar, con conocimiento de causa, una decisión en lo relativo a su cooperación con las autoridades competentes. Durante este plazo no podrá adoptarse ninguna medida de extrañamiento  a su respecto…”.[12]  Durante este periodo las víctimas gozan de una serie de beneficios que podríamos denominar atención inmediata[13] que incluyen medidas  …. necesarias  para prestar  asistencia  a las víctimas  en su restablecimiento  físico, psicológico  y social” que se desglosan en condiciones de vida que puedan garantizar su subsistencia, acceso a una vivienda adecuada y segura, una asistencia psicológica y material, asistencia médica de urgencia, asesoría e información, especialmente en lo relativo a los derechos que le reconoce la ley, seguridad y protección de las víctimas, entre otras medidas.

EL Decreto establece un periodo de tiempo de 6 meses para la asistencia mediata, en nuestra experiencia es un periodo muy corto para el restablecimiento de derechos, apoyo para la construcción de un nuevo proyecto de vida, pues la afectación puede durar muchos años, como bien lo señala la Corte Constitucional: “…la esclavitud, la servidumbre, los trabajos forzosos y la trata de personas constituyen graves violaciones de derechos humanos, razón por la cual han sido proscritos y censurados en el ordenamiento internacional y en nuestro ordenamiento constitucional. Las víctimas de estos fenómenos enfrentan traumas y otros daños derivados de las vulneraciones de sus derechos que suelen prolongarse por muchos años”.[14]

La asistencia médica y psicológica inmediata.  Otra forma de vulneración de derechos:

El artículo 2 sobre definiciones, en su numeral 11[15], define la asistencia médica y psicológica inmediata  (cuya duración es de 5 días) como una simple valoración médica y psicológica, y no como la prestación de servicios médicos y psicológicos inmediatos que requiere una persona que ha pasado por una experiencia traumática. En un principio se piensa que es un error conceptual, pero cuando se lee el numeral 12[16], que define la asistencia médica y psicológica mediata como “la prestación de servicios en salud física y mental a las víctimas”, vemos que es una definición clara que no genera dudas, nos lleva a la conclusión que el numeral 11 no era un error, sino el resultado de un propósito político claro, la atención inmediata es una valoración[17] médica y psicológica, y si la victima quiere pasar de la valoración a la atención médica o psicológica,  tiene que presentar la denuncia penal del delito, para poder pasar a la asistencia mediata,  sino lo hace se queda con la valoración médica y psicológica, y tiene que buscar por su cuenta y riesgo los servicios médicos y psicológicos que requieran con urgencia.

Al reducir la asistencia médica y psicológica inmediata como una simple valoración, se le niega la atención inmediata a la mayoría de las víctimas que requieran atención médica y psicológica inmediata, la inmediatez hay que verla como una urgencia hospitalaria, no se puede aplazar por consideraciones políticas, pues está de por medio la vida de un ser humano.  

Si le sumamos que se le niega la atención mediata a más del 80% de las víctimas, y ahora la atención médica y psicológica al 100% de las víctimas en el periodo de atención inmediata, con lo que reduce dramáticamente el porcentaje real de víctimas que no recibirán algún tipo de atención por parte del Estado colombiano.

Pero la resta de víctimas no concluye ahí, el numeral 11 del artículo 2, dice que la atención médica y psicológica inmediata solo se realizará a las víctimas en el territorio nacional de Colombia, o sea que las víctimas que se encuentren en el extranjero no tienen derecho ni siquiera la “generosa” oferta de la valoración médica y psicológica que el gobierno colombiano le ofrece a las víctimas cuando están en el territorio nacional. Por lo que se sigue reduciendo el número real de víctimas  sujetas a la atención del gobierno colombiano.

Pero la resta de victimas, a las cuales se les niega los servicios de asistencia, no culmina con la relación anterior, pues el artículo 17 habla de “los compromisos de la víctima,”. Y el Artículo 39. Causales de terminación, en el literal d) menciona como causal de terminación del programa de asistencia mediata “.. el incumplimiento de la víctima a los compromisos adquiridos en el programa de asistencia mediata”

Según la ley 985, el único compromiso de la víctima para acceder a la asistencia mediata  es denunciar el delito,  si después ella no quiere participar en el proceso no la pueden obligar o chantajear con la suspensión de asistencia mediata, por lo que la condicionalidad del comportamiento de la víctima, es otra forma de excluir víctimas del servicio de asistencia.

En resumen, quienes redactaron el decreto de asistencia a víctimas de trata se gastaron 5 años formulando un texto que tenía un sólo propósito: reducir al máximo el numero de víctimas que serán efectivamente atendidas, por lo que se les puede entregar el galardón en “el arte de restar”:  restar victimas, restar servicios, restar derechos, como si el propósito fuera restar gastos y no garantizar derechos. En conclusión las víctimas de trata son revictimizadas por el Estado colombiano,  y se les reduce a la condición de ciudadanos/as de tercera categoría.

Como explicar lo inexplicable:

Para entender lo sucedido con el decreto, hay que señalar que hay un eje central sobre el cual se construyó: la condicion para acceder a la atencion mediata sobre la base que la victima interponga una denuncia penal. Si no hay denuncia penal no hay atencion por parte del Estado.

 

Este es uno de los grandes vacíos en la política pública colombiana, que tiene que ver entre otras razones al cambio de enfoque,  dado que hasta el año 2002 la rectoría en la política pública estaba en cabeza del Ministerio de Justicia, que implicaba un enfoque de justicia y derechos humanos, que  al pasar la rectoría a manos del Ministerio de Interior, tuvo como consecuencia que la trata de personas se abordara desde un enfoque criminal y de seguridad. La víctima ya no era el centro de la política pública, es solamente una denunciante, una testigo, una querellante contra los  traficantes, una cooperante en la acción del Estado contra el crimen organizado.

La ley 985 plantea dos importantes avances que el decreto no considera. Uno, que el consentimiento de la víctima no se considerará para el procesamiento del traficante, y dos, que se suprime los medios en el tipo penal ( amenaza, violencia, etc) por lo que la  carga de la prueba no recae sobre la víctima,  lo que constituye un avance desde los  DD HH de las víctimas. En este contexto, las autoridades deben desarrollar la investigación penal y la sanción del delito, sin necesidad que la víctima denuncie el delito. El decreto de atención a víctimas parte de un supuesto opuesto. La denuncia de la víctima es esencial y por lo tanto hay que presionarla y chantajearla para qué denuncie so pena de no recibir asistencia por parte del Estado, pese a que es un delito que se debe investigar de oficio[18]. Esta postura va en contravía de Convenio Europeo sobre Trata de Personas que plantea: “…las  investigaciones  o  las  acciones  judiciales relativas  a los delitos tipificados  con arreglo  al presente  Convenio  no estén subordinadas a la declaración o a la acusación procedente de una víctima,..”[19] (subrayado nuestro)

El decreto también va en contravía del espíritu del artículo 188A  del código penal sobre trata y del espíritu general de la ley 985 de 2005, que plantea abordarse desde un enfoque de derechos humanos. Igualmente es de señalar que el gobierno colombiano se extralimita respecto al Protocolo de Palermo[20], que en artículo 6, Asistencia y protección a las víctimas de la trata de persona, que en ninguno de sus apartados condiciona la asistencia a las víctimas a que interpongan una denuncia penal.

La arrogancia como política.

El gobierno pudo recurrir para formular el decreto de atención a víctimas apoyándose en una amplia literatura sobre trata de personas que existe en Colombia como en el exterior, pero no lo hizo. Igualmente pudo recurrir a los instrumentos internacionales de derechos humanos, en especial los relacionados a los derechos de las víctimas, pero igualmente los ignoró. En Colombia existen organizaciones y personas que por cerca de 20 años hemos tenido experiencia en atención a víctimas, que hubiéramos podido contribuir a la formulación del decreto, pero igualmente se nos ignoró. De manera sistemática se ha despreciado los aportes de la sociedad civil y el  derecho a la participación ciudadana, adelantando   parodias de participación; es así, como en diciembre de 2012, se invita a la sociedad civil a dar sus aportes al borrador de decreto de atención a víctimas, aportes que se deberían entregar entre el 20 y el 31 de diciembre, o sea cuando todas las universidades y centros académicos estaban cerrados por vacaciones de fin de año y cuando  las organizaciones sociales nos disponíamos a cerrar las oficinas  por vacaciones colectivas de fin de año. Para diciembre del 2013, repiten la misma parodia como si de un ritual se tratara, esta vez, se nos llamaba a emitir nuestra opinión sobre el borrador de estrategia nacional 2013-2018, y también tenía que darse en pocos días: entre el 9 y el 12 de diciembre, tres días hábiles, nos recordaban en el correo en que nos hacían llegar la información, como si de una promoción navideña se tratara, que no nos la fuéramos a perder!!. Obviamente la Fundación ESPERANZA no se iba a prestar a esta burla del precepto constitucional de la participación ciudadana, de una política que por un lado pretendía desconocer a la sociedad civil, y por el otro, utilizarla para que le validáramos un decreto vulnerante de los derechos humanos de las víctimas.

Contrariamente son muchos países que exhiben buenas prácticas de cooperación entre Estado y sociedad civil, donde las ONGs identifican a las víctimas,  no hay obligación de denuncia,  y el Estado presta los servicios conjuntamente con la sociedad civil, ello sucede tanto en el continente americano como en la Union Europea.

 Igualmente han existido iniciativas conjuntas de gobiernos locales y departamentales y sociedad civil que no se tuvieron en cuenta; como el protocolo binacional (Colombia-Ecuador) sobre atención a víctimas de Trata de Personas, formulado conjuntamente por el gobierno departamental de Nariño, junto con los gobiernos provinciales ecuatorianos, fronterizos con Colombia y organizaciones de sociedad civil de ambos  países (año 2011); protocolo que el gobierno colombiano ignoró, mas no el gobierno ecuatoriano, quien decidió replicar la experiencia en su frontera con Perú, siguiendo el modelo de  trabajo conjunto autoridades nacionales, regionales fronterizas y sociedad civil, junto con sus similares de Perú. Más adelante, la Red Andina de Migraciones RAM sistematiza esta experiencia y formula una propuesta de Protocolo Andino de atención a víctimas de Trata de Personas, que es acogida por el Parlamento Andino quien lo eleva a categoría de Decisión Andina (año 2013)[21], que hasta el momento el gobierno colombiano no ha emitido ningún pronunciamiento.

Pero lo que se puede considerar como lo peor, es el desconocimiento de una sentencia de la Corte Constitucional del año 2012[22] con órdenes expresas al Ministerio del Interior, al grupo de Trata de Personas, donde la Corte exige prestarle asistencia de mediano y largo plazo a una víctima y sin la  condición de denuncia penal pues la acción penal ya prescribió [23].igualmente en la misma sentencia la Corte le recuerda sus obligaciones al gobierno “,… la Sala desea recordar a las autoridades con responsabilidades en la materia, que si bien el proceso penal es un mecanismo importante para garantizar los derechos de las víctimas de esclavitud, servidumbre, trata de personas y trabajo forzoso, no es el único ni el más idóneo, entre otras razones, porque supedita la protección de las víctimas a la comprobación de la ocurrencia de un delito. Por tanto, las autoridades deben diseñar otros mecanismos que aseguren la realización de los derechos de las víctimas y que atiendan a la complejidad de los fenómenos. En particular, el diseño de tales mecanismos debe tener en cuenta que en muchas ocasiones las víctimas están en imposibilidad de denunciar y participar en un eventual proceso penal debido al poder que siguen ejerciendo sus victimarios sobre ellas –pueden temer por su integridad o la de sus familiares-“.[24]  Como pueden notar ya  para el año 2012, la Corte Constitucional le estaba diciendo al gobierno  sobre qué bases construir una política pública de asistencia a víctimas con un enfoque de derechos humanos, que el gobierno decidió desconocer, como igualmente lo hizo con las organizaciones de sociedad civil, expertos y toda la literatura y experiencia que se ha acumulado en el ámbito internacional.

Todo parece indicar que el decreto se publicó apresuradamente con el objeto de salirle al paso al reporte anual sobre trata de personas del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que iba a bajar de calificación a Colombia, como efectivamente sucedió ocho días después de la publicación del decreto. Paradójicamente el gobierno colombiano está logrando con la publicación del decreto el efecto contrario. Darle la razón al Departamento de Estado: con una política pública de asistencia a víctimas en contravía al derecho internacional de los derechos humanos, de revictimizacion, de negación de derechos, y de desconocimiento de los aportes de la sociedad civil y de sentencias de la Corte Constitucional. Ya no solo es el arte de restar derechos a las víctimas, sino también de restar reconocimientos, de restar aliados y amigos.

A las víctimas y a las organizaciones de sociedad civil, nos queda un último recurso, demandar la constitucionalidad del parágrafo 1 del artículo 7 de la ley 985 sobre la condicionalidad de la asistencia a la víctima  si esta denuncia; así como demandar el  decreto 1069 de 2014, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado tienen la palabra.

 

OSCAR GOMEZ DIEZ

Director General Fundación ESPERANZA

oscargomez@fundacionesperanza.org

  1. fundacionesperanza.org
  2. infomigrante.org
  3. observatoriodemigraciones.org

[1] en desarrollo de la ley 985 del año 2005, sobre trata de personas

[2]  Corte Constitucional. Sentencia T-1078/12, pág. 30

[3] “Mico”, palabra del argot político colombiano, consistente en una modificación de última hora y de espaldas a la opinión pública, de un texto de proyecto de ley, que distorsiona la propuesta original.

[4] Ley 985 de 2005, articulo 7, parágrafo 1. La prestación de la asistencia mediata estará sujeta a que la

víctima haya denunciado el delito ante las autoridades competentes. Esta condición no podrá exigirse para la prestación de la asistencia inmediata.

[5] En su tercer considerando el Decreto 1069 de 2014 dice textualmente: “Que en el  año 2000,  el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, como adición al informe E/2002/68,  las principios, directrices y recomendaciones   sobre los derechos humanos y la trata de personas,  dentro de los cuales se encuentra el de no devolución.

[6] Naciones Unidas. Principios y Directrices recomendados sobre los derechos humanos y a trata de personas

[7] Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos.  Varsovia 16.V.  2005

[8] Los informes anuales de trata de personas en el mundo que realiza el Departamento de Estado de los Estados Unidos clasifica los países en tres niveles: Nivel 1, los países que cumplen los estándares mínimos de lucha contra la trata de personas. Nivel 2, los países que  NO cumplen los estándares mínimos de lucha contra la trata de personas, pero que hace esfuerzos. Nivel 3. los países que  NO cumplen los estándares mínimos de lucha contra la trata de personas, y no hacen esfuerzos para mejorar.

Colombia figuraba desde el año 2001, en el nivel 1, hasta el año 2013.  Para el año 2001, Solo 16 países hacían parte del nivel 1, y Colombia era el único en vías de desarrollo, los demás eran Estados Unidos, Canadá y 13 países europeos.

[9] Corte Constitucional. Sentencia T-1078/12, pág. 25

[10] Colombia tiene una larga tradición en jurisprudencia y leyes de atención a víctimas. Entre las que se destacan:

Sentencia T 25 de la Corte Constitucional sobre desplazamiento forzado.

 Ley 1448 de 2011 de víctimas y restitución de tierras del conflicto armado.

Sentencia T-1078/12, Caso Amalia sobre Trata de Personas, Corte Constitucional.

[11] Ley 985 de 2005, articulo 7, parágrafo 1. La prestación de la asistencia mediata estará sujeta a que la

víctima haya denunciado el delito ante las autoridades competentes. Esta condición no podrá exigirse para la prestación de la asistencia inmediata.

[12] Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos.  Varsovia 16.V.  2005. Artículo 13, numeral 1.

[13] Ibid. Durante  este plazo,  las personas  a las que alude  el apartado  1 del presente artículo tendrán derecho a acogerse a las medidas previstas en el artículo 12, apartados 1 y 2.

[14] Corte Constitucional. Sentencia T-1078/12, pág. 19

[15]   Artículo 2. Numeral 11. Asistencia médica y psicológica inmediata. Consiste en la valoración del estado de salud física y mental que se realiza a la víctima en el territorio nacional, encaminada a establecer su situación para determinar y realizar las acciones de atención en salud con el fin de contrarrestar las afectaciones sufridas.

[16]   Articulo 2. Numeral 12.  Asistencia médica y psicológica mediata. Consiste en la prestación de servicios en salud física y mental a las víctimas de la trata de personas de acuerdo con la normatividad vigente que regula el Sistema General de Seguridad Social en Salud -SGSSS.

[17] Y para descartar cualquier duda el artículo 14 del decreto vuelve a mencionar la asistencia médica y psicológica inmediata  como una valoración

[18] El artículo 74 del Código de Procedimiento Penal establece los delitos  que requieren querella, la Trata de Personas no figura entre ellos, por lo que es delito que se debe investigar de oficio. Artículo  74. Delitos que requieren querella.  Modificado por el art. 4, Ley 1142 de 2007Modificado por el art. 108, Ley 1453 de 2011. Para iniciar la acción penal será necesario querella en los siguientes delitos, excepto cuando el sujeto pasivo sea un menor de edad.

El artículo 250 de la Constitución Política establece entre las obligaciones de la Fiscalía la investigación oficiosa como una de las formas para adelantar el ejercicio de la acción penal.

[19] Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos.  Varsovia 16.V.  2005, Artículo 27 – Acciones a instancia de parte y de oficio, numeral 1

[20] Protocolo de Palermo sobre Trata de Personas, que fue ratificado por Colombia a través de la ley 800 del año 2003.

[21] Parlamento Andino, Decisión 1318 del año 2013,  mediante la cual se propone al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores DE LA Comunidad Andina, la expedición de un Protocolo Andino de atención integral a víctimas de Trata de Personas. Gaceta Oficial del Parlamento Andino, octubre de 2013, página 7 y subsiguientes.

[22] Corte Constitucional. Sentencia T-1078/12

[23] Corte Constitucional. Sentencia T-1078/12 ,  “En primer término, con el propósito de poner fin a la vulneración de los derechos fundamentales de Amalia a la identidad, a la familia y otros conexos, la Sala ordenará al Ministerio del Interior, Grupo de lucha contra la trata de personas, como coordinador del Comité interinstitucional para la lucha contra la trata de personas y ente a cargo de la política del Gobierno Nacional en materia de prevención de la trata de personas y asistencia a las víctimas[23], brindar asistencia a la accionante y coordinar con las entidades que conforman el Comité, las investigaciones necesarias para encontrar a su familia y permitirle reconstruir su pasado. Para verificar el cumplimiento de esta orden, el Ministerio del Interior deberá remitir un informe al juez de primera instancia –competente para verificar el cumplimiento del fallo- y al Despacho con las labores realizadas y los logros alcanzados, al cabo de seis meses contados a partir de la notificación de esta providencia”.  Pag. 30 (subrayado nuestro)

[24] Corte Constitucional. Sentencia T-1078/12 ,   pág. 31 y 32

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Acerca de Corporación Anne Frank

La Corporación Anne Frank Colombia ( Sigla Anne Frank ONG) , es una organización de base y de carácter nacional fundada por mujeres víctimas del conflicto armado, que lleva 7 años trabajando por los derechos humanos, la construcción de paz y la formación de espacios de defensa de las víctimas e incidencia política, realizando informes y presentando denuncias de forma pública y buscando soluciones a las problemáticas que han provocado la guerra en Colombia, publicando documentos de investigación y notas de prensa visibilizando los casos de violaciones a los derechos humanos dentro del marco del conflicto armado colombiano y en cuanto a migración, desplazamiento forzado, refugio y Trata de Personas.

Publicado el 14 agosto, 2014 en Sin categoría. Añade a favoritos el enlace permanente. Deja un comentario.

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